A unas decenas de kilómetros de la ciudad de Dajla se yergue un vergel arrancado a las arenas del Sáhara Occidental gracias a la tecnología y al agua que el desierto atesora desde hace miles de años en su interior. Es el Dominio Agrícola de Tiniguir, 81 hectáreas (de un total de 500 productivas) dedicadas al cultivo en invernadero de tomate, melón, pimientos y pepinos destinados fundamentalmente a la exportación, con un mercado prioritario: la Unión Europea.

El propietario de esta explotación, que forma parte de la sociedad Dominios Agrícolas, los antiguos Dominios Reales, no es otro que el rey de Marruecos, Mohamed VI, cuya empresa posee 12.000 hectáreas de las mejores tierras marroquíes, según el semanario Tel Quel. Esta compañía no sólo es el principal productor de fruta, verdura y lácteos para el mercado marroquí (y saharaui), sino que también es una de las tres grandes empresas que, de acuerdo con un informe del eurodiputado francés José Bové (en el que pide que no se apruebe el nuevo tratado comercial con Marruecos), más se ha beneficiado del vigente convenio con la UE. El actual pacto se concluyó bajo el espíritu de la Conferencia de Barcelona de 1995, que llamó a hacer del Mediterráneo una zona de "prosperidad compartida".

«Nosotros no queremos traer niños a España, lo que queremos es que estén en su tierra, los tenemos que sacar porque los tienen concinados a cincuenta grados de temperatura en julio y agosto, y de paso aprovechamos para que les hagan un reconocimiento médico y de paso conozcan otras culturas y en la medida de lo posible resuelvan sus problemas alimentarios». Jesús Guerrero es socio fundador de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo. De aquello hace ya más de una décaca. A su Asociación se la ha conocido tradicionalmente por traer en verano a los niños con el programa Vacaciones en Paz. Pero en todo este tiempo su visión y sus objetivos han evolucionado. Poco a poco va ganando fuerza la idea de los españoles no se queden en la caridad, que no sólo traigan a los niños para ayudarlos, sino que entiendan por qué hay que traerlos y mandar ayuda a sus familias, y comprendan que hay que acabar con el problema de raíz. No en vano, recuerda Guerrero, «España es responsable del problema».
Tradicionalmente, los Amigos del Pueblo Saharaui han enfocando su labor sobre todo a la ayuda humanitaria, para permitir una vida digna a la población desplazada al desierto argelino de Tinduf. Sin embargo, el caso de Aminatu Haidar abrió los ojos de algunos socios sobre la necesidad de contar en España de dónde viene el problema, y la responsabilidad del Estado español en esta situación. La idea, explica Guerrero, es impedir que la caridad con las víctimas de la ocupación marroquí no cubra los hechos ocurridos hace 36 años «que es lo que la población tiene que ver», y que se sepa de la gran responsabilidad que tiene España en la situación actual, y puede tener en su solución; «que España se conciencie que tiene que hacer algo más que mandar alimentos», en palabras de Guerrero.

Observadores de la región acuden a los territorios velan por los derechos de los presos políticos saharauis en Marruecos

El segundo africano con más tiempo en prisión por motivos políticos es saharaui, y se llama Mohamed Dadach. En estos momentos, en las cárceles marroquíes hay unos doscientos presos políticos saharauis cumpliendo condenas. Además otras veinticuatro personas esperan desde hace más de un año en la cárcel un juicio militar. Se trata de organizadores de lo que se dio en llamar ‘Campamento de la esperanza’, una protesta a las afueras de los territorios ocupados, para muchos el germen de la primavera árabe, en protesta por las nefastas condiciones de vida del pueblo saharaui.

Los juicios se han suspendiendo en la víspera sin ninguna explicación. No es la primera vez. La causa, apunta el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos para el Sahara Occidental, Javier Ruiz, es que Marruecos, como potencia ocupante, utiliza esta estrategia de dilatar en el tiempo la prisión provisional para desesperar a los presos y sus familiares. La suspensión de los juicios es habitual, como ya ocurrió con el grupo de ‘Los Siete de Casablanca’, y busca también eludir la presencia de observadores internacionales. Hay que tener en cuenta que estos, que tratan de velar por los derechos de los presos, se costean los viajes con sus medios, y las reiteradas suspensiones buscan que cuando finalmente se produzca el juicio, no haya quien dé noticia de lo ocurrido.

La Maroc Agence Press ha vuelto a demostrar que es un aparato de publicidad nacional e internacional manipulando los datos ofrecidos por Human Right Watch sobre Marruecos. Su utilización, en sí misma, se podría considerar una grave violación del derecho a la información. Y esto debería estar recogido también en el crítico informe de la ONG sobre el país alauita. Miren de qué cosas se olvidó la MAP.

A nadie se le esconde la instrumentalización de la Maroc Agence Presse, pero lo que ha sucedido estos días, aunque tiene parangón, no deja de sorprender por su descarada intención de malinformar a los ciudadanos de su país. A la MAP poco menos que le faltó aplaudir a Human Rights Watch tras la publicación de su informe anual sobre Marruecos, del que destacó “las importantes garantías constitucionales de los Derechos Humanos” en Marruecos. También subrayó avances como la activación de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Como no, la agencia subrayó que HRW destaca en su informe que en la nueva Constitución marroquí se prohíbe “la tortura, el trato inhumano y degradante y las detenciones arbitrarias”. Constitución que se saltan todos los días en el Sahara Occidental, agrega el que firma. La toma de prensa dice poco más del informe de HRW y es una pena.