Después que Mercadona desmintiera la campaña apoyada por la Asociación del Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde se afirma que la compañía de distribución vende productos del Sáhara ocupado por Marruecos, la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui ha insistido en sus acusaciones a través de un comunicado donde informa de que la campaña “no va dirigida solo a las actividades de Mercadona con los recursos saharauis” y se hará extensiva “a todas aquellas empresas que estén implicadas”, aunque les exigen “reconsiderar su postura”.

“Tras comprobar que Mercadona reconoce abiertamente la adquisición y posterior venta al público de pescado (sardinas admite en su desmentido) capturados en aguas del Sahara Occidental, nos reafirmamos en nuestra campaña, que proseguirá a nivel de todo el estado” ha anunciado la organización.

Para la PAPPS, los supermercados hacen un uso “interesado y equivocado” del dictamen de Hans Correll, Secretario General para Asuntos Legales de la ONU de 1994 a 2004. Según la plataforma, ese dictamen dice que “si continúan las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población autóctona, se estarían violando los principios de la ley internacional aplicable a las actividades de los recursos minerales en Territorios No Autónomos”. La entidad insiste en este punto: “El propio Correll realizó en diciembre de 2008 una conferencia en Pretoria donde calificaba de “incomprensible” que la Comisión Europea pueda encontrar apoyo legal alguno al acuerdo de pesca de la UE con Marruecos a no ser que la Comisión se haya asegurado de que la población saharaui ha sido consultada y ha aceptado la manera en la que el acuerdo les beneficia. Sin embargo, un examen de la situación lleva a la conclusión contraria”. También aseguran que Correll declaró sentirse “avergonzado” porque esperaba que “Europa y la Comisión Europea fueran un ejemplo en la aplicación de los más altos estándares legales en asuntos de esta naturaleza”.

A ese respecto, declaran que el Parlamento Europeo “ha emitido un reciente informe en el que declara ilegales las actividades de pesca en el Sahara Occidental en virtud de cómo se está aplicando el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos” porque “no se ha demostrado que el acuerdo beneficie a la población saharaui” y que ese informe solicita “la suspensión” o “la aplicación de forma que los buques de bandera comunitaria queden excluidos de la explotación de las aguas del Sahara Occidental”.

El grupo finaliza su declaración asegurando que ¨la Resolución 63/102 de la ONU de diciembre de 2008 reafirma ?la necesidad de evitar cualquier actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos?”. E insisten en que no se consideran “los deseos e intereses de la población” porque “ni los que están en los territorios ocupados ni los que están en los campamentos de refugiados se están en absoluto beneficiando de dicha explotación”.

Luis Alberto Martín

enalcobendas.es

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