La situación en que se encuentra la activista saharaui Aminatou Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, al que llegó tras ser privada de su pasaporte marroquí e impedida de entrar en El Aaiún, su ciudad natal y en la que residen su madre y dos de sus hijos, es de la entera responsabilidad del Gobierno de Marruecos. Corresponde a este Gobierno resolverla y es difícil concebir otra forma de hacerlo que no sea devolviendo el pasaporte y no impidiendo la libre entrada a su territorio a alguien que, aunque defienda ideas que no gustan a las autoridades, lo hace pacíficamente y al amparo de los códigos de derechos humanos.

El Gobierno español debe exigir a Marruecos un cambio de actitud con la activista saharaui.
Al Gobierno español le corresponde no hacerse cómplice de un acto autoritario y arbitrario como el que ha cometido el Gobierno marroquí con Aminatou Haidar. Y no está claro que no lo haga si su actuación se limita a impedirle que intente de nuevo volver a El Aaiún, alegando que carece de pasaporte cuando esa carencia no impidió su entrada en territorio español, y a ofrecerle la posibilidad de acogerse al Estatuto del Refugiado, lo que, al margen de las buenas intenciones, haría el juego al Gobierno marroquí. La cuestión es que Haidar no desea permanecer en territorio español en contra de su voluntad, ni tampoco quiere acogerse al Estatuto del Refugiado. Y que esa situación la ha llevado a una huelga de hambre que, además de poner en riesgo su salud, agrava un problema que Marruecos ha sabido trasladar a España con una facilidad pasmosa.

La posición del Gobierno español es delicada y cada vez más incómoda. No bastan las buenas intenciones ni que el ministro Moratinos reconozca "la legítima posición" del pueblo saharaui y se defienda de ser "pro marroquí". Son los hechos los que cuentan, y en este caso lo que se echa en falta es una actuación de la diplomacia española -todo lo prudente que se quiera, pero firme-, para requerir a Marruecos que reconsidere su actitud y no supedite los derechos fundamentales de las personas a razones administrativas como las alegadas -escribir Sáhara Occidental en lugar de Marruecos en la ficha de entrada- para impedir la vuelta de Haidar a su ciudad. Si España, como la ONU, no reconoce que el Sáhara Occidental sea marroquí, no se comprende la facilidad con que ha aceptado esas razones administrativas alegadas por Marruecos al tiempo que rechaza las de la activista saharaui para intentar viajar de nuevo a El Aaiún.

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